El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del Grupo de Adelante en demanda de que la institución cree “un órgano colegiado” para el desarrollo de los fines y actividades que contempla la Ley andaluza de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
La portavoz de Adelante, Maria Izquierdo, ha defendido esta moción que expone que a la hora de analizar las víctimas de la sublevación militar y el golpe de Estado de 1936, es necesario tener en cuenta a las personas asesinadas o encarceladas, además de aquellas “torturadas, exiliadas, las mujeres humilladas y violadas, o a tantas otras personas denunciadas, expoliadas, destituidas de sus trabajos, a los niños y niñas robados y a todas aquellas huidas al monte para continuar la resistencia”.
“Las investigaciones documentadas y publicadas por el historiador José María García Márquez constatan que fueron 13.487 las víctimas en Sevilla y su provincia, incluyendo numerosos cargos públicos elegidos democráticamente, entre ellos el propio presidente de la Diputación, el doctor José Manuel Puelles; y siete diputados de aquella corporación provincial. Otros cuatro fueron condenados a prisión y dos más acabaron exiliados en México”, figura en la moción.
“A pesar de los avances conseguidos en reconocimientos, homenajes, investigaciones y difusión de los hechos ocurridos, queda aún mucho camino por recorrer, sobre todo en la aplicación del Derecho Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de genocidio”, avisa Adelante, alertando de que el actual Gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado por Vox, formación contraria a la recuperación de la memoria histórica, tiene “prácticamente paralizada” la aplicación de la Ley andaluza de 2017 en materia de memoria histórica y democrática.
“MAYOR ESFUERZO”
“El Gobierno andaluz se está cargando esa ley por la omisión de su deber” de aplicarla, ha considerado María Izquierdo, indicando que aunque la Diputación ha dado “pasos” en materia de memoria histórica, es necesario “un mayor esfuerzo para compensar” la postura de la Junta.
Por eso, la moción reclama a la Junta el “cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y que todavía no se hayan abordado” y la organización de “actos de homenaje a las víctimas del régimen franquista y a quienes defendieron la legalidad del Gobierno de la II República”.
Igualmente, la moción pedía en su texto inicial que la propia Diputación conforme “un órgano colegiado con competencias, capacidad ejecutiva y dotación presupuestaria suficiente, en el que puedan participar las asociaciones de Memoria y los ayuntamientos, para el desarrollo de las actividades y objetivos contemplados en la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”.
Comparte esta noticia
About Post Author
Más historias
LA DPZ CONVOCA SUS AYUDAS PARA LAS ASOCIACIONES POR LA MEMORIA HISTÓRICA, QUE INCREMENTAN SU PRESUPUESTO HASTA LOS 200.000 EUROS
Asociaciones de Memoria Histórica se pronuncian ante la anulación del Decreto de la Junta de Castilla y León
ANTE EL 14 DE ABRIL. “POR UNA LEY QUE PONGA FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO”