Las asociaciones y colectivos de archiveros y gestores de documentos que firmamos esta propuesta consideramos que es necesario que una ley de memoria democrática y de reparación de las víctimas de la dictadura franquista tenga en cuenta el funcionamiento real de los archivos y del sistema español de archivos y su capacidad, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ser verdaderos garantes de los derechos humanos e instrumentos indispensables en cualquier tipo de política de reparación de violaciones de derechos humanos, por el hecho de poder demostrar empíricamente, a través de los fondos documentales, las evidencias de actividades contrarias a la legalidad internacional vigente
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