23 de octubre de 2020

Radio Republicana

La Voz de la Memoria

IU presenta moción en los ayuntamientos para eliminar los honores al rey fugado.

En muchos municipios se están aprobando cambios en el callejero para eliminar los honores al rey emérito fugado.

Para seguir promoviendo el debate social sobre el modelo de Estado en España, pensamos que se abre paso la idea de una República solidaria, laica, federal y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y donde, de verdad, la justicia sea igual para todo.

TEXTO DE LA MOCIÓN:

MOCIÓN PARA RETIRAR DE NUESTRO CALLEJERO (NOMENCLATOR) LA DENOMINACIÓN DE JUAN CARLOS DE BORBÓN DE CALLES Y/O PLAZAS DE NUESTRO MUNICIPIO, APOYAR LAS INICIATIVAS ENCAMINADAS A ESCLARECER LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y SOLICITAR LA CELEBRACIÓN DE UN REFERENDUM ENTRE MONARQUÍA O REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Gracias a las investigaciones judiciales de la Fiscalía en Suiza y a una serie de revelaciones periodísticas, el rey emérito Juan Carlos I podría convertirse en el único monarca europeo implicado en casos de corrupción, como mínimo por delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda pública. Como consecuencia de estas investigaciones en Suiza, pero también de las investigaciones impulsadas desde la Fiscalía Anticorrupción española, la Fiscalía del Tribunal Supremo en España ha iniciado la apertura de investigación a Juan Carlos de Borbón relacionada con los referidos delitos por haber recibido al menos 100 millones de dólares en comisiones ilegales pagados por la dictadura teocrática de Arabia Saudí en el caso conocido como AVE a La Meca.

Este enorme escándalo, muy grave de por sí por afectar al anterior jefe del estado,  se agrava aún más cuando la prensa publica que parte de las transferencias y movimientos de dinero se realizaron entre los años 2008 y 2012, es decir,  cuando nuestro país estaba atravesando lo peor de la crisis económica y la población española sufría todas las consecuencias de esa dura crisis (aumento de paro y de la pobreza y la desigualdad social). Muy grave también porque de confirmarse estos hechos, supodrían durísimas penas de cárcel para cualquier ciudadano o ciudadana española sometida a juicio. Es por ello que, nuestro grupo municipal entendiendo la indignación y el sentir de una mayoría del pueblo español espera que en este caso de posible corrupción del anterior jefe del estado, se haga justicia y que la justicia se aplique por igual para todos, tal y como el mismo Juan Carlos de Borbón dijo hace unos años apelando al caso Urdangarín. Porque en este país la justicia ha sido demasiado a menudo dura e implacable con los humildes, y blanda y tolerante con los poderosos.

En este caso, más aún que en el caso Urdangarín, se está jugando la credibilidad de la monarquía y de un régimen en crisis muy erosionado ya en su legitimidad y en la de sus instituciones. El pueblo español, tras años de políticas de austeridad y sufrimiento, espera si no acierto permanente en el actuar de sus gobernantes, al menos sí una conducta ética y honorable, ejemplar, sobre todo de la máxima autoridad del estado, más aun si cabe cuando esta autoridad no se puede votar ni elegir cada cuatro años como en las repúblicas, es absolutamente antidemocrática y se basa injustamente en privilegios medievales de sangre y en la herencia y es vitalicia.

Entendemos que este caso no puede quedar en la impunidad, y debe ser investigado y juzgado con igualdad ante la ley y sin exenciones ni excepciones de privilegio. Unos hechos que, cometidos por cualquier ciudadano, supondrían penas muy graves para quien lo hubiera cometido, no pueden enterrarse bajo una torticera interpretación de la “inviolabilidad” real, ni quedar en la impunidad ni en la injusticia. La inmunidad jurídica del rey recogida en la Constitución de 1978 debería ser eliminada o anulada en la primera reforma constitucional que se produzca, por injusta y privilegiada e ir contra la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y contra el mismo estado de derecho.

Por otro lado, han pasado cinco años desde la última vez que el CIS preguntó por la Monarquía en 2015. Desde entonces, la Jefatura del Estado ha quedado arbitraria e increíblemente excluida de las encuestas del CIS. El motivo no reconocido pero muy evidente, es no mostrar una opinión pública que se muestra muy desfavorable a la monarquía y una sociedad española que mayoritariamente hace años es partidaria ya de un modelo de estado republicano. 

Justamente porque la monarquía es una magistratura vitalicia y hereditaria, porque el monarca no puede ser desalojado de la Jefatura del Estado cada cuatro años, es por lo que la exigencia del conocimiento de su aceptación por la opinión pública se hace todavía más necesaria que respecto de los cargos elegidos mediante el voto de la ciudadanía. En un modelo republicano un jefe de estado corrupto es elegido cada cuatro años y puede ser juzgado y despedido a los cuatro años si su conducta es inapropiada.

A principios de agosto, conocíamos que Juan Carlos de Borbón había huido de España cuando tras las actuaciones iniciadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar los mismos delitos que ya viene investigando la justicia suiza. Puede tratarse de hasta siete delitos relacionados con actuaciones presuntamente corruptas y fraudes a la Hacienda Pública. El pueblo español censura esta conducta y no entiende que pase sin consecuencias.

La imagen dada por un ex jefe del Estado que durante sus años de ejercicio institucional ha acumulado una inmensa fortuna es inaceptable para la mayoría de nuestro pueblo. Asimismo, una justicia merecedora de tal nombre debe actuar para evitar que ninguna persona pueda sustraerse a su acción, máxime cuando ello supone un motivo de vergüenza y bochorno para todo un país. Nuestra democracia es lo suficientemente madura como para eliminar cualquier limitación en la elección de todas sus instituciones. No existe motivo alguno para continuar cargando con una monarquía carente de los mínimos valores éticos en un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social.

Creemos que no se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España, pensamos que se abre paso la idea de una República solidaria, laica, federal  y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y donde, de verdad, la justicia sea igual para todos, y es nuestra convicción democrática que debe ser el pueblo quien decida.

La práctica totalidad de los municipios del Estado dedicaron en los primeros tiempos de la transición democrática el nombre de Juan Carlos I a la plaza, avenida, calle o paseo que más destacaba en el callejero de la localidad, como reconocimiento al nuevo Jefe del Estado. Esta retirada de la nomenclatura del callejero que se promueve, es coherente, pues, con la dignidad que debe presidir y honrar las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, retirando cualquier referencia a un personaje ambicioso y sin escrúpulos, que se ha aprovechado de su cargo institucional para enriquecerse, que se ha creído impune y nuestra fortaleza democrática no puede ni debe tolerarlo. Esta iniciativa no es única de este municipio, pues las ciudades de Cádiz, Vitoria o Rivas ya han aprobado iniciativas similares.

Entendemos también que en su lugar procede proponer la denominación de ‘Sanidad Pública’. Porque hoy por hoy, si algo concita unanimidad en nuestra sociedad, tanto o más que el rechazo al emérito, es el reconocimiento al compromiso, el esfuerzo y la abnegación de nuestros sanitarios, quienes en cada municipio merecen el honor de pertenecer al callejero para honrar y reconocer sus méritos y todo su trabajo para salvar la vida a nuestro pueblo.

Por todo ello, el grupo municipal propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

  1. Que se elimine del nomenclátor de nuestro municipio la calle/paseo/plaza Juan Carlos I, para que pase a denominarse calle/paseo/plaza de la Sanidad Pública.
  2. Mostrar el apoyo de este Pleno a las iniciativas encaminadas a denunciar y esclarecer cualquier presunta irregularidad cometida por la monarquía española y respaldar que se investigue las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del Rey emérito Juan Carlos I.
  3. Instar al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que los ciudadanos podamos decidir democráticamente entre Monarquía y República.
  4. Comunicar este acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
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